Víctimas con discapacidad ahora son líderes
Neftalí Arroyave es víctima de mina antipersona desde hace más de 20 años, cuando una explosión lo dejó ciego; Néstor Ortiz perdió sus brazos como consecuencia de una mina que lo sorprendió cerca de su casa, y Marcos Medina, su pierna derecha cuando pisó una mina antipersona.
Ellos son tres de los 18 líderes con discapacidad que recibieron su acreditación como Líderes en Inclusión, de parte de la Escuela de Liderazgo, un proyecto desarrollado por cerca de dos años por la Unidad para las Víctimas y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, (JICA).
“Esta es una real medida de reparación para nosotros” destacó Neftalí Arroyave en sus palabras de bienvenida.
El acto se realizó en el Auditorio Intermedio de la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, y contó con la presencia de representantes del gobierno japonés, la Agencia JICA, así como Ana María Torres Sanz, Asesora de la dirección nacional de la Unidad para las Víctimas, gerente designada del proyecto y Martha Cecilia Guarín Lizcano, directora territorial Santander de la Unidad para las Víctimas.
Es un evento trascendental y único en la formación de personas con discapacidad en Colombia, que se desarrolló en Santander y Antioquia. “Nos graduamos como capacitadores para la Equidad en Discapacidad y Consejería entre Pares. Nos hemos empoderado de ese conocimiento para tener unas bases para lograr un cambio en el modelo social y lograr una inclusión permanente de las víctimas del conflicto armado con discapacidad” destacó Néstor Ortiz, líder certificado.
“Es la conclusión de todo el proceso, vimos todo el trabajo que se hizo y presentamos la sociedad que anhelamos. Hoy salimos con una herramienta clara que nos certifica como facilitadores para contribuir en la construcción de una sociedad más incluyente” resaltó Neftalí Arroyave.
La Escuela de Liderazgo comenzó en septiembre de 2016 y es uno de los beneficios del convenio entre la Unidad para las Víctimas y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).
En 2015, se comenzó un trabajo en los municipios de el Carmen de Chucurí, Santander y Granada (Antioquia), con el proyecto de Inclusión y Rehabilitación Funcional de Personas con discapacidad, con una inversión de recursos del gobierno japonés por cuatro millones de dólares.