Escribe: RAÚL GÓMEZ QUINTERO, ex-magistrado, santandereano, de la Corte Suprema de Justicia

El país de hoy (2019) está sumido en una maraña de implicadas contradicciones o polarizaciones, (como las llaman algunos políticos), gozosamente aupadas por los medios de comunicación. Y ellas, son todas de gravedad profunda, al tiempo que de diversa calificación y materialidad. Me permito resaltar las más importantes: Políticas, Jurídicas, Sociales, Económicas, Morales y Éticas.

La primera es la Contradicción POLÍTICA, que no siendo la de más profundo calado dentro del contexto de nuestra sociedad, es la más evidenciada, exaltada y propiciada, al obedecer a otros intereses ocultos y/o subyacentes. Al señalarla, los políticos la refieren como la “grave polarización” del país. Se ha propuesto e iniciado por políticos de actuar y pensar retrógrados, una discusión que ha sido sobrepasada por el orden mundial, de lucha entre la Izquierda y la Derecha, o peor aún, entre el Capitalismo y el Socialismo o Comunismo; y como complemento, por intereses meramente partidistas y electorales, en forma falseada e ideológicamente incorrecta, se ha adobado como descalificación apriorística la expresión castrochavismo, la cual en forma subrepticia involucra los conceptos ya referidos. Por desgracia, el pueblo, -que en su absoluta mayoría es inculto e ignorante en cuestiones de filosofía y economía políticas, que traga entero y asume las terminologías, las frases o los dichos que acuñan los políticos nacionales como factores de distracción-, las introduce en su imaginario. Algo parecido sucedió cuando en la Guerra de los Mil Días se mataban los colombianos por “defender” el Partido Liberal o el Conservador, sin conocer la ideología de los mismos.
Esta Polarización lleva inmerso, -pero sin exponerse al pueblo-, el verdadero fin último buscado, que no es otro que la captura, mantenimiento o lucha por el poder del Estado. Quienes lo han detentado durante toda la vida republicana, han echado mano de la exclusión ciudadana o popular, y siempre hemos contado con gobiernos plutocráticos que se valen del débil y corrupto sistema electoral para aparentar la democracia. Pero, ya un gran sector popular está exigiendo inclusión política en varios sentidos y órdenes: Congreso, participación y protección de la mujer, reconocimiento de sectores sociales discriminados o marginados (negros o afros, LBGTI, indígenas), e incluso, en el estricto orden político electoral, el reconocimiento político de la Oposición.

La crisis y virtual extinción de los partidos tradicionales (conservador y liberal), son muestra evidente de ese nuevo panorama; por consiguiente, estas viejas estructuras han sido obligadas a transformarse, convirtiéndose ahora en grupos o empresas meramente electorales y oportunistas, alejadas de todo rigor ideológico.
Frente al afán de mantener la concentración del poder por parte de los consuetudinarios dirigentes políticos, ha surgido una fuerza democratizadora representada en grupos políticos, de presión popular o que simplemente buscan defensa de intereses puntuales de algunos sectores. Todos estos esfuerzos y movimientos por una democratización han sido satanizados, menospreciados y hasta perseguidos por los detentadores del poder, reacios a cualquiera participación o a una simple, racional y elemental inclusión. Esta actitud de exclusión-inclusión políticas se torna cada día más beligerante y es fuente de permanentes discordias y enfrentamientos. Como resultado de ellos, se evidencian dolorosos e innumerables casos de persecución y hasta de exterminio (como el de la Unión Patriótica o la intervención de las AUC y grupos paramilitares, -auspiciados por elementos oficiales-, contra la guerrilla, los campesinos “auxiliadores” y los líderes sindicales, agrarios o campesinos que luchan por la devolución de las tierras expoliadas). Estas graves polarizaciones o contradicciones están a la orden del día, y en los mismos términos: un Estado o aparato estatal que no asume la defensa de estos líderes, y que peor aún, con su inacción estimula tan pavorosos hechos delictivos. 
La Contradicción JURÍDICA, que se saca a relucir indistintamente, como arma de defensa o de ataque, por todos los sectores en contienda, es más grave de lo que la gente cree o entiende: lo que está de por medio son las reglas de juego de la formal democracia. Es cierto que el llamado Estado de Derecho en el país, se halla en formación, sin que ello se revele como necesariamente malo; los regímenes políticos demoran siglos en consolidarse y se pueden desmoronar en pocos años. Tenemos una Constitución Política reciente (año de 1991), que ni siquiera ha sido totalmente desarrollada; sin embargo, hay en ella una estructura, conformación o alma de corte ostensiblemente Social y Democrático, que se intenta atemperar por los sectores plutocráticos y autárquicos vigentes. No otras cosas significan las pretendidas reelecciones indefinidas, el mantenimiento de las ofensivas prebendas y privilegios de los Congresistas y de un reducido número de altos funcionarios, el mantenimiento de un espurio sistema electoral, y los altaneros enfrentamientos y desconocimientos de los fallos o decisiones de la Corte Constitucional. A semejantes contradicciones, los medios de comunicación de estirpe oficialista llaman en forma eufemística “Choque de Trenes”, con el objeto devaluar su importancia y/o ajenidad al manejo meramente político electoral o partidista. El reciente y pretendido Asalto a la Constitución Política y a la Corte Constitucional por parte del propio Presidente y de su partido político, con ocasión de la JEP, confirman lo que venimos aseverando: retorcer la juridicidad para beneficio descarado de un sector, grupo o hasta de un solo ciudadano.
Las consecuencias de estas pretensiones son profundamente negativas para el pueblo, que solo capta, entiende y acepta lo que los medios de comunicación exponen, además que se incuba un resentimiento de inseguridad jurídica, de desconfianza en la autoridad judicial y de incredulidad en la administración de justicia. Aparejada a esta desinformación y desprestigio calculados está la justificación en la práctica ciudadana, del derecho del más fuerte, del todo vale y del fin que justifica los medios, conceptos éticos y morales, de lo cual se hablará adelante.
Las Contradicciones SOCIALES son tan evidentes como normales y tozudas, y pasaron a conformar parte de nuestro haber cotidiano; como consecuencia, ya ni se mencionan o solo en forma esporádica. La desigualdad y la injusticia sociales son oprobiosamente ofensivas: a diario palpamos el empobrecimiento de la gente del común, correlativo con el enriquecimiento de los sectores más pudientes. De aquí, que no sean gratuitas las luchas continuas de los indígenas, -que dicho sea de paso han venido adquiriendo mayor conciencia social que otros sectores, en apariencia más cultos-, en pro de sus reivindicaciones. No son aislados los innumerables casos de muertes de niños (en Guajira y Chocó, sin mencionar a los indígenas de la Amazonía), por física hambre o desnutrición. O, referir el lamentable estado de la salud pública, que disponiendo de grandes recursos son robados por la voraz corrupción administrativa.
Sobre las Contradicciones ECONÓMICAS, el asunto es peor, porque en el fondo de todo el quehacer político administrativo de cualquier país, está la economía política. Y en nuestro caso, el capitalismo salvaje incentivado por la voracidad, irracionalidad e inmisericordia de los dirigentes, profundiza las desigualdades socioeconómicas: unos pocos son los dueños de la mayoría de medios de la producción que pasan a ser monopolistas, lo mismo que de la tierra; los ingresos y ganancias de los ricos del país contrastan con la subsistencia en la que naufragan las grandes mayorías; las leyes y gabelas siempre favorecen a “los sectores de la producción y el empleo”, como es el slogan justificativo de toda reforma tributaria; no por algo nuestro país está en el plano de la desigualdad, iniquidad y brecha social, junto a los países parias del mundo. Por el comportamiento habido en los últimos gobiernos, incluido el actual, no se avizora cambio verdadero en este aspecto ni interés real en mejorar estos penosos índices: los pocos ricos seguirán en su goce y al pueblo le adjudican moronas presupuestarias. No quiero referirme al sector agropecuario que está devastado y prosigue la desgracia: ya no se producen ni los alimentos básicos de la canasta familiar, en tratándose de un país por completo de vocación agrícola. En su afán voraz por conseguir dineros o divisas que pronto se dilapidan, han echado mano irresponsable de los recursos naturales, que se depredan sin compasión, perjudicando el medio ambiente, la propia naturaleza y los recursos futuros de nuestros hijos. Ni siquiera es suficiente contar con un Ministro del Medio Ambiente de nuestro terruño, por ejemplo, para salvaguardar como se debiera la riqueza natural y el agua del Páramo de Santurbán, porque no se cuenta con políticas oficiales de defensa de la vida ambiental, ni los funcionarios pueden o son capaces de hacerse valer.
Finalmente, las Contradicciones MORALES y ÉTICAS consolidan el amarre de semejante monstruosidad social, desde la perspectiva comunitaria y personal de lo que puede o debe ser considerado como bueno o malo. Lamentablemente, en estos estadios la oficialidad del gobierno no está sola: la injusticia social, el rechazo y el menosprecio a las minorías, la discriminación y hasta la persecución arbitraria, la ambición desmedida por el dinero y el poder, la justificación permanente de los desafueros gubernamentales, la justificación del poder por el poder, la caridad como respuesta a las injusticias, la implícita aceptación del aprovechamiento indebido, y en fin, la tolerancia ante los fines perseguidos sin importar los medios utilizados, todo ello, es convalidado, por acción o por omisión por los mismos personajes que debieran servir de faros de la moralidad y de la ética, vale decir, los que se autoproclaman intermediarios entre los dioses y los mortales, representados por la Iglesia Católica y las variadas sectas cristianas. Ha llegado el momento en el que gobernantes y religiosos, política y religión, civilidad y religiosidad, se confunden para beneficio mutuo, sin importar que la Carta Magna las obligue teóricamente a separarse. Los intereses mezquinos de ambos se confunden, al igual que sucedía en la edad media, aunque ahora la espada de la fe no pueda doblegar la espada de la autoridad civil.
Ante este lamentable panorama de Contradicciones en que se halla envuelto el país, ¿es posible vislumbrar alguna luz al final del túnel? Personalmente soy pesimista. Quién podría tirar la primera piedra, como dice el evangelio, si quienes manejan el estado de cosas, son los mismos que están comprometidos con la debacle. En teoría la salida es fácil: quienes tienen el poder cuentan con la posibilidad de buscarle solución; pero ellos no tienen voluntad política, ni económica, ni social, ni jurídica, ni moral; por el contrario, y a manera de simple ejemplo, si se pretende buscar o consolidar la paz del país, los intereses políticos se interponen, se asfixia el proceso al quitarle recursos económicos, se ponen talanqueras seudojurídicas y los pretensos defensores de la moralidad pública se tornan mudos, ciegos y sordos; pareciera que prefirieran seguir bendiciendo los fusiles de los soldados, para que maten cristianamente a los adversarios de cualquier tipo.
Se diría por parte de algún demócrata que la única solución la tiene el pueblo; en una democracia real y en teoría, ello es por completo cierto. Pero en este país, en donde la democracia es simplemente formal electorera, en donde los líderes demócratas están divididos por sus propios intereses, y el pueblo raso, hambreado espiritual y físicamente, con la inteligencia trastornada por la ideología dominante de la sumisión y el conformismo, adobada con la ignorancia cultural, ¿sería posible a corto plazo dar el viraje que se requiere? ¡Cómo quisiera estar equivocado!