Oro de las FARC a subasta internacional
El metal precioso que entregó la antigua guerrilla para reparar a las víctimas, más el que la Fiscalía le incautó, será subastado este martes en Medellín. Por disposición de la SAE, solo podrán participar empresas internacionales con el ánimo de evitar operaciones de lavado de activos.
Este martes 15 de diciembre, a las 10 de la mañana, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizará en Medellín una subasta sin precedentes para esta entidad: la de 208.191,22 gramos de oro que las antiguas Farc entregaron en el inventario de bienes que hicieron llegar a la Misión Especial de las Naciones Unidas entre julio y agosto de 2017, o que la Fiscalía les quitó para iniciar procesos de extinción de dominio. La custodia sobre el metal precioso se levantó solo un día antes, y los lingotes se transportaron desde el Banco de la República, donde estuvieron fuertemente custodiados, hasta el lugar indicado por el contratista que ayudó a la SAE en este tema para verificar su peso y pureza del oro.
El inventario de las Farc fue una agria polémica en su momento. En él los exguerrilleros incluyeron no solo oro o dólares, cuya monetización es evidente, sino también ollas pitadoras, molinos para hacer chocolate, sal de frutas, traperos, escobas, hasta limones, u obras como “mejoramiento de acueducto” o “cancha de microfútbol”. Incluso aportaron carreteras rurales. En su momento, las Farc explicaron que entregaban todos esos elementos porque ellos habían hecho en muchos lugares lo que el Estado no había querido. En contraste, el fiscal general de entonces, Néstor Humberto Martínez, le dijo al Gobierno que si el inventario no era más específico, la Fiscalía no podría hacer su trabajo.
Luego, en 2018, la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resultaron enfrascados en un disputa mayúscula, precisamente, por los bienes de las Farc. En junio de ese año, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP solicitó medidas cautelares para los bienes que hacían parte del inventario de la extinta guerrilla, el cual ellos entregaron a la ONU bajo el nombre de “Economía de guerra”. La Unidad, básicamente, quería que las propiedades que entregaron las Farc –e incluso las que la Fiscalía le había quitado por cuenta de sus propias investigaciones- quedaran congeladas y que se garantizara que su monetización iba para las víctimas.