Personeros del país están en riesgo y medidas de protección son insuficientes y precarias

UNP debe asumir su responsabilidad en el caso del personero de Puerto Rico, Caquetá, por no brindarle protección al calificar su nivel de riesgo como ordinario.

Medidas de protección asignadas a Personeros  son insuficientes para garantizarles su vida e integridad

Se calcula que son más de 100 personeros amenazados en el país

El asesinato del personero de Puerto Rico, Caquetá, el atentado contra el personero de Hacarí, Norte de Santander en el Catatumbo, las recientes amenazas contra la personera de Suárez, Cauca, y el atentado contra el personero de Florencia, Cauca, son algunos de los hechos registrado durante el 2017 que evidencian el inminente riesgo  al que se enfrentan los personeros municipales en el ejercicio de sus funciones como garantes de los derechos humanos y  al ejercer control disciplinario en sus municipios.

Fotografia de la vivienda del Personero de Hacarí, Norte de Santander despues de recibir varios impactos de bala en un atentado.

En 2016 -2017  la Unidad Nacional de Protección –UNP- ha recibido 400 solicitudes por parte de los Personeros, manifestando algún tipo de amenaza o riesgo, y tan solo se han asignado: 10 vehículos blindados,  3 vehículos convencionales, 18 hombres de protección, 50 chalecos blindados, 36 medios de comunicación (teléfonos celulares) y 16 botones de apoyo.

En 2017 la UNP ha realizado 81 estudios de seguridad para evaluar los riesgos de los personeros que han denunciado amenazas o riesgos, de los cuales 50 han sido calificados como ordinarios, entre ellos el caso del personero asesinado, y 31 como extraordinarios.

Es importante tener en cuenta, que en la mayoría de los casos las medidas de seguridad que están recibiendo los personeros son los chalecos blindados, los medios de comunicación y los botones de apoyo, medidas que la Federación Nacional de Personerías –FENALPER- considera insuficientes para garantizar la seguridad y vida de una persona que por el ejercicio de sus funciones está expuesta constantemente.

“Las medidas de protección asignadas a los personeros que se encuentran amenazados y su vida corre peligro son pprecarias e insuficientes para garantizarles su vida, es necesario que exista medidas diferenciales, acordes a las realidades territoriales para asignar protección a quienes manifiestan estar amenazados” declaró Camilo Fonseca, director ejecutivo de FENALPER.

Fonseca también expresó que “Los personeros del país, están siendo amenazados de manera recurrente por desarrollar sus funciones misionales como defensores de derechos humanos  en los 1.102 municipios del territorio nacional” expresó Camilo Fonseca, director ejecutivo de la Federación.

Es importante señalar que los Personeros han denunciado el incremento significativo de la violencia en algunas zonas del país, ello  a raíz de la implementación de los acuerdos de paz,  proceso el cual  desde la perspectiva de los personeros ha tenido como como efectos adversos el incremento en los cultivos ilícito, la gestación de nuevos grupos armados, el surgimiento de grupos disidentes de las FARC, entre otros fenómenos  que continúan generando violencia y temor en las comunidades, dificultando la construcción de la paz en los territorios.

Estas acciones generan amenazas y riesgos para los personeros, para citar un caso, la personera de Suárez, Cauca, denunció la grave situación de seguridad de su municipio, a la vez que dio a conocer de la actuación de diferentes grupos al margen de la ley e irregularidades presentes en Suárez.  Por estas declaraciones ante organismos institucionales del orden nacional e internacional fue amenazada con un panfleto que señalaba: “le vamos a enseñar a mantener la boca cerrada, no queremos sapos en la zona, muerte a todos los sapos’’. Indicó Camilo Fonseca.

Por su parte Sandra Lorena Cárdenas, presidenta de FENALPER manifestó que se calcula que son más de 100 personeros los que se encuentran amenazados en el país por el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, destacó que muchos no realizan las denuncias por temor o porque los procedimientos ante la UNP son muy desgastantes y es constante que reciban respuestas negativas, como sucedió con el Personero de Puerto Rico, Caquetá, quien fue calificado con riesgo ordinario y no se le asignó ningún tipo de medida para protegerle y garantizarle su vida.

Así mismo, indicó que es necesario se analice la eficacia de los mecanismos empleados para evaluar y determinar el riesgo de los Personeros, cuando solicitan medidas de protección, este caso evidencia deficiencias y debilidades en la manera en que se están calificando los riesgos y es una alerta para prestar especial atención cuando un funcionario denuncie amenazas contra su vida.

Asesinato Personero de Puerto Rico, Caquetá. 

Frente a este hecho, FENALPER solicitó que el caso no quede en la impunidad y  celeridad en las investigaciones para que los autores intelectuales y materiales del hecho asuman las consecuencias legales.

FENALPER considera que se debe dar un pronunciamiento de la Unidad Nacional de Protección –UNP- y su director, Diego Mora, para que asuman su responsabilidad, teniendo en cuenta que el personero Freddy Chavarro había elevado la solicitud por amenazas, durante el segundo trimestre del 2017 que fue analizada y evaluada por la UNP y el  Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas -CERREM- que posterior al análisis calificó, el pasado 21 de junio, el riesgo como ordinario, por tal razón no recibió ningún tipo de medida de protección. Su asesinato evidencia fallas en los mecanismos y la metodología para evaluar el nivel de riesgo.

Captura de pantalla resultados de estudio de riesgos del CERREM, 21 de junio 2017
De igual manera considera pertinente realiza un mesa de trabajo con la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del  Interior, la Defensoría del Pueblo y Unidad Nacional de Protección para  que de manera conjunta se trabaje en la construcción de soluciones tendientes a garantizar la integridad de los personeros municipales, permitiendo que estos ejerzan su funciones con las suficientes garantías de seguridad, y de esta manera puedan contribuir a la implementación y construcción de la paz en los territorios, la defensa de los derechos humanos y ejercer control disciplinario.