BOGOTÁ. El compromiso de las Víctimas por la Reconciliación, a un año de la firma del Acuerdo de Paz
El 24 de noviembre de 2016, el Presidente Juan Manuel Santos y los jefes de la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) firmaron en Bogotá el acuerdo definitivo para poner fin al doloroso conflicto armado de más de 50 años.
Ese acontecimiento histórico abrió una nueva etapa para los colombianos, pero en especial para las víctimas, que, gracias al fin de la confrontación ahora gozan de tranquilidad en sus territorios, comenzaron a reconstruir los lazos sociales rotos por el conflicto, y a recuperar su confianza en los demás miembros de su comunidad y en las instituciones. Con mejores oportunidades.
Dos cifras confirman la manera como el fin del conflicto, representado en más seguridad y tranquilidad para todos los colombianos, contribuye a la construcción de paz: entre 2015 y 2017 el número de víctimas se redujo en 86% y el número de homicidios, en 73%.
La mayor tranquilidad que se siente en muchas regiones del país se suma a los avances en la reparación de las víctimas, que vienen dando desde hace seis años, cuando empezó la implementación de la Ley 1448 de 2011 o la denominada Ley de Victimas.
En este periodo, ya han sido indemnizadas 731.282 personas, por un monto superior a 4,92 billones de pesos, y 141.306 víctimas han sido atendidas a través de estrategias de recuperación emocional individual y grupal.
En total, la inversión que ha hecho la Unidad para las Víctimas en atención, asistencia y reparación integral de las víctimas supera los 8 billones 700 millones de pesos.
En 47 sujetos de reparación colectiva en 15 departamentos se han invertido 12 mil millones de pesos para fortalecer iniciativas de emprendimiento.
El Acuerdo de Paz abre además nuevas oportunidades para que las víctimas hagan efectivos sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Las víctimas de todo el país están expectantes de la labor que cumplirán nuevas instituciones como la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Para la implementación del acuerdo de paz en los territorios más afectados por el conflicto, el Gobierno Nacional puso en marcha una estrategia en 170 municipios priorizados, que ha incluido, entre otros, el pago de 10.568 indemnizaciones administrativas o judiciales por un valor de 93.632 millones de pesos y la atención de 894.002 personas en 71 puntos de atención.
Una de las herramientas que mayor efecto tendrá serán los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que permitirán a las comunidades, incluidas por supuesto las víctimas, definir, de manera participativa, el rumbo de las inversiones en sus territorios y orientar ellos mismos la inversión para su desarrollo.
Todos estos componentes de la construcción de paz están orientados a la reconciliación de todos los colombianos. Las víctimas, en todo el país, han mostrado durante este año, que están abiertas a sanar sus heridas y a trabajar con quienes en el pasado empuñaron sus armas, para construir un mejor país.