Cometen todo tipo de abusos contra la población civil, según el informe presentado este miércoles por la organización.

Los grupos armados ilegales han impuesto un régimen del terror en al menos once regiones de Colombia aprovechando la crisis del coronavirus para cometer todo tipo de abusos contra la población civil, según un informe presentado este miércoles por la organización Human Rights Watch (HRW).

“La población, de acuerdo a los testimonios que hemos recogido tanto de Fiscalía, de Policía, de líderes sociales como de funcionarios de organizaciones humanitarias y testimonios directos de familiares de las víctimas y testigos, están viviendo una situación de terror”, dijo en una rueda de prensa virtual el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

Según el informe, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) acorralan a las comunidades con ataques armados en los que asesinaron entre marzo y junio de este año a nueve personas.

Esos grupos también ordenan cuarentenas y toques de queda más estrictos que los decretados por las mismas autoridades, mediante panfletos y restricciones a la circulación de personas, embarcaciones y vehículos.

“Están imponiendo reglas draconianas para controlar la epidemia. Aterrorizan a la población civil con medidas que incluyen amenazas y ataques con armas de fuego. Asaltan a las comunidades y ejecutan a sangre fía a aquellas personas que no cumplen con las normas que ellos imponen”, añadió.

Por las restricciones decretadas por el Gobierno para controlar la pandemia que deja 159.898 contagios y 5.625 muertos en el país, HRW entrevistó telefónicamente a 55 personas en 13 departamentos colombianos.

Reglas sin excepción

La organización encontró que en 11 de los 32 departamentos del país: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, la ley que se impone es la de las balas y los grupos ilegales son implacables.

“Si hay una familia que necesita por cuestiones de emergencia ir a una clínica o asistir a algún familiar y (alguien) es sorprendido en violación del toque de queda impuesto por estos grupos las reglas de juego son que esa persona puede ser asesinada”, aseguró Vivanco.

Las bandas amenazan por medio de panfletos que fueron verificados por HRW con la colaboración de la Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, una situación “supremamente grave” que tiene atemorizados principalmente a los habitantes de Córdoba, Cauca, Guaviare, Nariño y Putumayo.

“En estos cinco departamentos hemos detectado y corroborado que se han registrado asesinatos de personas en distintas comunidades e incluso líderes que han sido asesinados a sangre fría ya sea por no respetar estas normas o porque han denunciado estos abusos”, detalló.

Una de las víctimas fue el líder comunitario Edison León Pérez, asesinado el 8 de junio en el Putumayo porque, según la Fiscalía, días antes había denunciado que el grupo La Mafia obligaba a los habitantes del lugar a organizar puntos de control para interrogar y examinar a las personas que ingresaban a la zona sobre síntomas del coronavirus.

El miedo se impone

Según el informe, estos grupos operan “en impunidad total” y aprovechan el pánico y las condiciones propias de la pandemia para aumentar su control, aterrorizando incluso a autoridades locales.

“La situación que vemos es sumamente delicada. Sabemos que en Colombia la ausencia y la falta del Estado en tantas regiones del país permite el movimiento, la presencia y el actuar de estos grupos irregulares, pero nunca antes habíamos podido registrar un actuar tan abierto y evidente”, advirtió Vivanco.

Los relatos recogidos por HRW están también soportados en la alerta temprana que hace dos meses emitió la Defensoría del pueblo, según la cual los grupos armados ponían en riesgo a la población civil al decretar normas de conducta a partir de la regulación de las actividades comerciales y la libre circulación.

Según Vivanco, esa alerta “no fue debidamente recogida por las autoridades competentes”, por lo que pidió al presidente colombiano, Iván Duque, “intensificar urgentemente sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y a agua, así como proteger su salud de los efectos de una pandemia que representa un peligro real y letal para todos”.

Afianzar el control y protegerse

Vivanco añadió que los grupos armados aprovechan la pandemia para intimidar a las comunidades con tres objetivos: reafirmar su control, ganar algún tipo de reconocimiento y proteger del coronavirus a sus miembros.

La COVID-19 es un pretexto para consolidar su control social sobre las regiones vulnerables y a su vez esperan que las comunidades los vean no solo como una mafia brutal, sino también como grupos preocupados por la salud de toda la población.

Además hay un “genuino” temor ante un brote de coronavirus entre las organizaciones criminales porque saben que un contagio crítico exige un tratamiento médico que no existe en muchas zonas del país.

“Un contagio con síntomas graves puede significar una merma grave al interior de las tropas. Hay una preocupación por parte de estos grupos que tiene que ver con su propia sobreviviencia y para evitar un brote de coronavirus imponen estas reglas donde quien paga es la población civil”, señaló el director para las Américas de HRW.

Narcotráfico más abandodo estatal

Aunque el narcotráfico sigue siendo el principal combustible de los grupos armados, los tentáculos de estas bandas se extienden gracias a los recursos de otras fuentes ilícitas, como la minería criminal, situación que se agrava por la falta de “un Estado real” que a veces circunscribe su presencia “únicamente a la fuerza pública”.

“Luchar contra el narcotráfico supone e implica reducir los recursos de estos grupos, pero ellos van a seguir manteniendo su presencia en la medida en que puedan ejercer un control social tan férreo como el que están ejerciendo”, agregó.

Para Vivanco, los esfuerzos contra estos grupos no serán suficientes mientras el problema central de Colombia siga siendo la falta de amparo y protección del Estado a las comunidades y el acceso a los servicios públicos en regiones devastadas por el conflicto.

El riesgo, explicó, también es alto para los desmovilizados de las FARC y su reincorporación social, dada la “debilidad que ha mostrado el Estado para llenar el vacío que ha quedado con la desmovilización”.

“Los grupos actúan con un total desenfado, prácticamente en términos abiertos y descarados. (…) Aquí lo que hace falta es una política integral por parte del Estado colombiano para atender eficazmente las necesidades de la población”, aseguró Vivanco.

Colombia: HRW denuncia actos brutales de grupos armados ilegales en medio de la pandemia

La organización Human Rights Watch, HRW, denunció este miércoles que distintos grupos armados al margen de la ley, en Colombia, han cometido asesinatos y abusos contra la población civil, en el afán de hacer cumplir sus propias reglas contra la propagación de la pandemia del Covid-19.

Es la imposición del terror en tiempos de pandemia. Colombia entró en cuarentena nacional desde el pasado 25 de marzo, mediante decreto del presidente Iván Duque, en la lucha contra la propagación del nuevo coronavirus. Pero en un país con zonas alejadas que no cuentan con una presencia significativa del Estado, diversas organizaciones armadas e ilegales han aprovechado para imponer sus propios métodos “draconianos” para mitigar los contagios.

Amenazas con recurrir a la violencia, asesinatos y toques de queda severos están entre las reglas impuestas por los grupos irregulares en al menos 11 de los 32 departamentos que componen este país: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Allí, la población ve controlados sus movimientos por parte de guerrillas y movimientos delictivos ante la ausencia de las autoridades.

Entre los responsables de estos hechos, Human Rights Watch señala a los grupos de extrema izquierda:  Ejército de Liberación Nacional, ELN y a disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, que rechazaron el acuerdo de paz alcanzado en 2016 con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, y a organizaciones criminales de extrema derecha, como el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

“Estos grupos imponen reglas draconianas para controlar el coronavirus, aterrorizando a los civiles con amenazas, ataques y ejecuciones a sangre fría de quienes no cumplen”, dijo el director de HRW, José Miguel Vivanco.

Según el documento emitido este miércoles, al menos nueve personas han sido asesinadas entre marzo y junio, por esos grupos que usan panfletos y mensajes de WhatsApp para amedrentar e imponer sus normas, que incluyen bloqueos y restricciones de movimiento para personas, autos y barcos.

En uno de los casos citados por el informe de HRW, tres personas fueron asesinadas por disidentes de las FARC el 26 de abril a manera de castigo ejemplar por no seguir las medidas de cuarentena que se habían impuesto.

“Los castigos brutales exponen a las personas en comunidades remotas y pobres de Colombia a ser atacadas o asesinadas si salen de sus casas”, explicó Vivanco.

Algunas de los cientos de amenazas fueron mostradas por los afectados en panfletos, que fueron verificadas con la colaboración de la Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. A finales de marzo, uno de los folletos señalaba: “Muchos no entendieron, no acataron las órdenes y no han cumplido con la cuarentena establecida por el gobierno nacional, por lo cual nuestra organización tomará el control con el fin de proteger a la población” (…) “El horario de atención de los negocios autorizados será de 8 a.m. a 2 p.m.; y en ese horario la gente deberá salir a comprar; a partir de las 2 p.m., nadie deberá estar en la calle, excepto por una emergencia médica”.

Líderes comunitarios denuncian que bloquean su acceso a los alimentos

Mediante las acciones violentas, los grupos ilegales además impiden la comercialización y el acceso a alimentos suficientes para toda la población, por encima de las órdenes dictadas a nivel nacional por parte del Gobierno.

Desde el 27 de abril la administración de Iván Duque ha permitido una flexibilización gradual a las actividades de vida productiva, en un intento por impulsar la economía. Pero dichas medidas no están al alcance de quienes viven bajo el asedio de los movimientos extremistas, que por décadas han maltratado a los civiles.

Residentes de los lugares afectados denunciaron ante HRW que en sus poblaciones no está permitida la venta de alimentos en las calles, como sí lo está en el resto del país, siempre y cuando se eviten las aglomeraciones.

Una líder comunitaria indicó que los movimientos ilegales “no permiten las ventas en la calle o si lo permiten, solo hasta las 5 p.m. (…) las familias no obtienen suficientes ingresos para alimentarse”.

“Algunas familias empezaron a compartir sopas comunales o comparten “una sola libra de arroz entre todos sus integrantes”, agrega la denuncia.

Human Rights Watch insta al Gobierno de Iván Duque a “intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar su acceso a alimentos y agua, y protegerlos de los efectos del Covid-19″, pues afirma que los delincuentes operan “en impunidad total”. Incluso dos alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo no fueron debidamente recogidas por las autoridades competentes, afirma.

Ante este panorama, urgen medidas por parte de las autoridades, para que estas poblaciones, además de las precariedades que traen las restricciones para mitigar el virus, no sigan siendo víctimas de la pandemia de la violencia.