“… presuntos honrados”: Ricardo Sarasty

Cuando se cuenta con un sistema de justicia como el que funciona en este país, se acepta pero difícilmente se comparte el trato que en las salas de redacción de noticieros, periódicos y revistas se les da a los que aun que pillados en el momento de cometer el ilícito, identificados por sus víctimas o puestos al descubierto por todo tipo de pruebas, se les denomina con el adjetivo de presuntos antepuesto al de culpable.

Pues alegan los abogados defensores que su cliente tiene derecho a que se le proteja el buen nombre porque debe de considerársele inocente hasta cuando no se le compruebe lo contrario.

Será en atención a este alegato propio no de jurisconsultos y sí de picapleitos que para evitarse problemas ante demandas por calumnia y difamación que los periodistas encargados de redactar las noticias sobre crímenes e infracciones, de manera timorata, recurren a la palabra presunto más como salvaguarda que como expresión que debería inducir a la duda ante el señalamiento del cual es objeto aquel personaje, de quien ni su propia madre supone la inocencia.

Si para algo ha servido el confinamiento actual no ha sido sino para volver más visibles a estos presuntos honrados. Pues no han sido los cacos de los celulares y el cosquilleo, que por estos días, obedientes a las normas dispuestas para evitar la propagación del virus, permanecen en uso de buen retiro allá al interior de sus casuchas o de las piezas de inquilinato, si es que aún no los ha sacado por no estar al día con el arrendamiento.

No. Ahora ellos son los robados por los llamados presuntos, que abundan en las dependencias oficiales, tanto del gobierno central como de los locales. Su acreditación como funcionarios los reviste con el poder y mando necesario para entrar sin forzar puertas y ventanas, como siempre lo han hecho, pues tienen las llaves de donde se almacenan los recursos, tanto los ordinarios como los requeridos en situaciones de emergencia y destinados siempre para ayudar a mitigar las necesidades de los aglomerados allá en los extramuros de las ciudades, como ahora, supuestamente protegidos del virus pero no de las zarpas de esos burócratas que ahora con tapabocas aprovechan la cuarentena para realizar el mejor de sus negocios -negocio entre criminales es un robo bien hecho- a plena luz del día y resguardados por policías, de quienes se presume el deber de proteger del delito a los inermes ciudadanos, tanto a los que acuden al llamado de compartir dinero y (o) alimento como a los que esperan la ayudita, que lo es por chiquitica, pero que como los granos de arena junto a otras forman la montaña que a puñados se cargan los presuntos.

En un país como Colombia en el que más del 40 por ciento de la población depende de un salario mínimo y cerca del 20 por ciento sobrevive por debajo de la línea de pobreza, las emergencias siempre han servido para que los presuntos aprovechen la ocasión y con sacos sin fondo acudan prontos al saqueo de los auxilios, los subsidios y la ayuda solidaria, siempre amparados por la ley.

Por lo que la justicia nunca fallará en contra de los aliados de ciertos togados, amigos de sus investigadores y compadres de los gobernantes. No por razón distinta siempre serán llamados “presuntos” en los boletines de prensa oficiales emanados de las cortes, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y hasta del Inpec, pues en el caso de que llegaran a ser condenados sus defensores en el afán por lograr la excarcelación y absolución insisten en que se ha presumido en ellos la comisión del delito negando la existencia de la prueba que no han podido invalidar.